El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, negó que la decisión de no continuar la investigación sobre el patrimonio del entonces presidente Santiago Peña Palacios haya respondido a una intención de protegerlo. En su descargo ante los cuestionamientos públicos y políticos por la actuación del Ministerio Público, sostuvo que la Contraloría General de la […]
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, negó que la decisión de no continuar la investigación sobre el patrimonio del entonces presidente Santiago Peña Palacios haya respondido a una intención de protegerlo. En su descargo ante los cuestionamientos públicos y políticos por la actuación del Ministerio Público, sostuvo que la Contraloría General de la República comunicó en mayo de 2026 que sus auditores no habían identificado irregularidades en el patrimonio examinado y que la Fiscalía no contaba entonces con elementos que contradijeran ese resultado.
“Resulta indispensable aclarar que la falta de prosecución de esa línea investigativa no obedeció a desinterés, tolerancia, protección de persona alguna ni inacción deliberada de los órganos fiscales. Respondió al contexto probatorio existente en aquel momento y a la necesidad de valorar los antecedentes técnicos producidos por el organismo de control competente”, señala el descargo.
La causa conocida como “Sobres del Poder” se abrió en septiembre de 2025 y quedó a cargo del fiscal Jorge Arce. En el curso de la investigación, la Fiscalía solicitó información al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y a la Contraloría. Según el documento, los análisis preliminares “no reportaron indicadores de lavado de activos en los términos examinados”. A esos antecedentes se sumó el examen de correspondencia patrimonial que la Contraloría practicó a Peña a raíz de una denuncia de legisladores de la oposición.
Rolón sostuvo que las conclusiones de los auditores pesaron en la decisión de no avanzar por esa vía, aunque reconoció que el informe de la Contraloría no tiene carácter vinculante para la jurisdicción penal. Tras el anuncio de que el organismo de control ampliará la revisión, el fiscal general planteó que corresponde conocer qué se verificó antes de que la Fiscalía tomara su decisión. El descargo señala la necesidad de precisar “los períodos y componentes patrimoniales efectivamente comprendidos, las fuentes de información utilizadas y las razones técnicas que justifican la ampliación...
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