Jorge Gil ÁngelSaravena (Colombia), 1 mar (EFE).- El 19 de enero un coche bomba explotó a unos metros de un edificio de Saravena, en el departamento colombiano de Arauca, en el que estaban reunidos cerca de 60 líderes sociales que pese a ese ataque mantienen la determinación de seguir luchando por los derechos humanos en su territorio.
Los defensores se salvaron porque horas antes pusieron unas barricadas improvisadas con barriles de plástico que llenaron con piedras porque la intención de los disidentes de las FARC, liderados por alias "Antonio Medina", era asesinarlos.
El ataque dejó un muerto, Simeón Delgado, vigilante de la sede del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), frente a la cual fue estacionada la camioneta que estalló y causó cuantiosos daños a varios edificios, incluido el Héctor Alirio Martínez, el de las organizaciones sociales, que era blanco del atentado.
"Fueron momentos de bastante preocupación porque aquí habíamos alrededor de 60 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Realmente no consideramos que fueran capaces de atentar contra un espacio donde no solamente hay organizaciones sociales, sino también instituciones y comunidad", cuenta a Efe la presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.
El atentado ocurrió en un contexto bastante complicado para Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, en el que, según cifras del Ministerio de Defensa, entre el 1 de enero y el 21 de febrero, hubo 99 homicidios, de los cuales 45 ocurrieron en Saravena.
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