El brutal asesinato de un niño y su padre en plena Asunción a mitad de semana trajo de nuevo a primer plano el avance del narcotráfico en el país. Es un tema que aparece cada tanto cuando alguna muerte violenta ocupa los titulares en los medios pero no va mucho más allá. En la práctica hay un silencio cómplice.
El octubre de 2014, cuando matones del narcotráfico ajusticiaron a Pablo Medina, corresponsal de este diario, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia a los tres poderes del Estado. Pomposamente se anunció que se tomarían medidas para poner freno al crecimiento de las bandas criminales. Prometieron leyes especiales, celeridad en los procesos, juzgados especializados y una acción más contundente de las fuerzas de seguridad. Pasaron semanas, meses y años, pero se logró poco. Apenas se aprobaron leyes que son un remedo de lo acordado, la justicia sigue tan lenta como siempre y las fuerzas...
La mejor respuesta que pudo dar el Ministerio del Interior sobre las últimas muertes es que las fuerzas de seguridad están sobrepasadas. Del brutal crimen se informa poco. Se limitan a señalar que es un ajuste de cuentas entre narcos para cubrir todo intento de ir más allá de eso.
Pedro Alliana, el presidente del partido de Gobierno, dio un triste espectáculo tratando de reducir todo a una cuestión de números. Después de una reunión en la residencia presidencial salió ante los medios a sostener que durante la presidencia de Fernando Lugo y Federico Franco se registraron más muertos que en esta administración. Novecientos muertes por encargo contra las seiscientas que se cuentan hasta ahora.
La oposición y la disidencia colorada no fueron mejores. Lo pusieron todo en la matriz del proselitismo electoral buscando votos para las elecciones de este y el próximo año. Algunos, como el diputado Amarilla del PLRA, fueron más desvergonzados utilizando fotografías del vehículo acribillado. para pedir votos. La cuestión de fondo ni siquiera figuró en las posiciones políticas.
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