La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que solicitará la intervención del Estado en las causas penales vinculadas al colapso de Ueno Bank, con el objetivo de defender los recursos públicos comprometidos y promover acciones judiciales contra quienes resulten responsables del perjuicio patrimonial.
Las estimaciones al cierre de septiembre sitúan en aproximadamente USD 855 millones los fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Itaipú depositados en la entidad financiera.
El procurador general, Samuel Rojas, explicó en conferencia de prensa en Palacio de López que la institución pretende participar en los procesos judiciales en representación del Estado, en calidad de víctima, para acceder a las actuaciones, acompañar las investigaciones y proteger los intereses económicos de la República.
La estrategia contempla impulsar acciones de reparación patrimonial mediante demandas de daños y perjuicios contra las personas cuya responsabilidad sea determinada por la Justicia. Rojas sostuvo que la intervención de la Procuraduría permitirá fortalecer la defensa de los recursos estatales, sin sustituir ni interferir en las atribuciones del Ministerio Público.
La medida se produce en medio de la incertidumbre sobre el destino de millonarios fondos institucionales que quedaron comprometidos tras la resolución de Ueno Bank, una crisis que desembocó en la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Santiago Peña.
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