El decoro, es decir, actuar con dignidad, respeto, integridad y apego a los principios éticos, pasó a ser una cualidad ausente pero esencial en el ejercicio de la función pública. En el país, como debería ser en cualquier sociedad democrática, los funcionarios públicos no solo representan al Estado o a un grupo político, sino que […]
El decoro, es decir, actuar con dignidad, respeto, integridad y apego a los principios éticos, pasó a ser una cualidad ausente pero esencial en el ejercicio de la función pública. En el país, como debería ser en cualquier sociedad democrática, los funcionarios públicos no solo representan al Estado o a un grupo político, sino que son espejo de los valores que deben guiar la administración pública. Este requisito va más allá de la simple corrección en la conducta, pues hay un compromiso con la legalidad y la transparencia que se hizo ley.
Los funcionarios deben actuar dentro del marco legal, garantizando que sus decisiones y acciones se alineen con los principios constitucionales y los intereses de la ciudadanía. Todo quien carece de decoro, no puede manejarse dentro de lo esperado y obligado, no debiendo ser empleado del Estado. El comportamiento de un funcionario público debe servir como modelo para la sociedad, por lo que no es poca cosa estar en dicha función. Por algo sinónimo de lo público, dejó hace mucho de ser de alto nivel moral, pues se abandonó promover valores como la honestidad, la justicia y la responsabilidad.
La conducta decorosa implica tratar con respeto tanto a sus colegas como a los ciudadanos, independientemente de su posición social o sus opiniones. Soberbias, malos tratos no son para empleados públicos, y en la práctica para ningún operario. La necesidad de decoro en los funcionarios públicos se hace especialmente relevante en un contexto donde la repulsión ciudadana y la desconfianza hacia las instituciones tienen totalmente justificación.
Es complicado confiar en estamentos oficiales cuando la corrupción es notoria, la falta de rendición de cuentas costumbre y los frecuentes escándalos que involucran a figuras públicas socavan meritoriamente la credibilidad del aparato estatal. Y hablando de normas, el artículo 103 de la Constitución Nacional establece que los funcionarios públicos deben actuar con probidad y dedicación.
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