Cuando leí por primera vez que Cuba y Venezuela estaban encabezando una ofensiva diplomática contra Brasil tras la deposición constitucional de la presidenta Dilma Rousseff y la transferencia de poderes al presidente interino, Michel Temer, lo primero que pensé era que se trataba de un chiste.
Ciertamente, es irónico que Cuba —una dictadura que no ha permitido elecciones libres, partidos políticos o siquiera un periódico independiente en más de cinco décadas— se atreva a criticar la democracia de Brasil por la suspensión de Rousseff por el Congreso, que tuvo lugar en estricto cumplimiento con la Constitución brasileña.
Y es igualmente irónico que Venezuela, que se ha convertido en un régimen “de facto” cuyo gobierno autoritario no reconoce las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y encarcela a los principales líderes opositores, alegue contra toda evidencia que la suspensión de Rousseff ha sido el resultado de un “golpe”.
Pero, efectivamente, un artículo del 15 de mayo del diario brasileño O Estado de São Paulo reportó que “Cuba está encabezando una campaña en contra de Brasil”, citando un correo electrónico enviado por la misión de Cuba ante la ONU en Ginebra a más de una docena de instituciones internacionales para protestar contra un supuesto “golpe de estado legislativo y judicial en Brasil”.
Horas más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil publicó un enérgico comunicado que rechazaba “enfáticamente” las afirmaciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, “que se permiten opinar y propagar falsedades” sobre la política interna de Brasil.
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