El colapso de Ueno Bank no es solo la mayor crisis financiera de la historia reciente del Paraguay. Es también el examen más severo al que se ha sometido el Ministerio Público bajo la conducción del fiscal general Emiliano Rolón Fernández. Y hasta ahora, el resultado es vergonzoso. Mientras casi tres millones de paraguayos vieron congelados sus ahorros, mientras se confirman depósitos millonarios de entidades públicas y del IPS en una entidad vinculada al expresidente Santiago Peña, y mientras se imputa a este y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo Spalding por lesión de confianza y administración en provecho propio, la Fiscalía General del Estado ha mostrado una sucesión de pifiadas, desprolijidades y declaraciones que dejan entrever, más que una investigación seria, una actuación que bordea el encubrimiento o la obstrucción. Emiliano Rolón tuvo la oportunidad de demostrar que el Ministerio Público no es un instrumento de protección de los poderosos, pero no lo hizo. Ahora el Congreso tiene el deber de actuar.
El colapso de Ueno Bank no es solo la mayor crisis financiera de la historia reciente del Paraguay. Es también el examen más severo al que se ha sometido el Ministerio Público bajo la conducción del fiscal general Emiliano Rolón Fernández. Y hasta ahora, el resultado es vergonzoso.
Mientras casi tres millones de paraguayos vieron congelados sus ahorros, mientras se confirman depósitos millonarios de entidades públicas y del IPS en una entidad vinculada al expresidente Santiago Peña, y mientras se imputa a este y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo Spalding por lesión de confianza y administración en provecho propio, la Fiscalía General del Estado ha mostrado una sucesión de pifiadas, desprolijidades y declaraciones que dejan entrever, más que una investigación seria, una actuación que bordea el encubrimiento o la obstrucción.
Las desprolijidades son evidentes. Un juez de delitos económicos tuvo que corregir a la propia Fiscalía cuando esta solicitó apenas arresto domiciliario para varios directivos de Ueno, ordenando en cambio la prisión preventiva de varios de ellos. Por su parte, un tribunal de apelaciones especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado agregó los tipos penales de asociación criminal, lavado de activos y conducta conducente a la quiebra para Miguel Vázquez, y para Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente los de lavado de dinero y...
La decisión judicial desnudó la tibieza del Ministerio Público. Posteriormente, ante los cuestionamientos por la lentitud, Rolón se vio obligado a sumar fiscales a los equipos investigadores. Eso no es proactividad: es reacción tardía ante el escándalo.
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