Buenos Aires, 30 dic (EFE).- A cinco años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, las muertes de mujeres por practicarse abortos se redujeron, pero médicas y referentes feministas advierten sobre una implementación desigual de la ley y alertan sobre falta de medicamentos y la ausencia de estadísticas oficiales a nivel nacional.
La Ley 27.610, aprobada el 30 de diciembre de 2020 tras décadas de movilización social, reconoció el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a un aborto libre, seguro y gratuito en todo el país y en todo el sistema de salud hasta la semana 14, así como la interrupción legal en casos de violación o riesgo para la salud a partir de la semana 15.
Desde entonces, entre 2021 y octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a abortos seguros, el 90 % durante el primer trimestre, y se incrementó en un 118 % la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción, según datos del Ministerio de Salud nacional.
Las muertes maternas relacionadas con abortos disminuyeron en Argentina: de 25 en 2019 a 18 en 2023, según el Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la ley en base a los últimos datos oficial publicado.
A cinco años de la legalización del aborto, numerosas organizaciones locales y regionales advierten que las barreras para acceder a la IVE son cada vez más, y hacen especial hincapié en la falta de medicamentos.
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