Las prisiones y centros educativos para menores duplicaron su población en los últimos seis años y no necesariamente es proporcional al aumento de la inseguridad, según un reciente estudio. Se detectan 12 materias en las que el Estado está aplazado.
Una forma de gestionar la desigualdad y la exclusión, esa es la principal función de los institutos penitenciarios en Paraguay de acuerdo a una de las conclusiones a las que se llega con los recientes estudios realizados por el Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP).
El 43 % los adolescentes privados de libertad provienen de familias beneficiarias de programas estatales de lucha contra la pobreza, pero en contrapartida y 90% no pudo terminar la educación primaria, declarada obligatoria por el Gobierno. Es más, la mitad no estudiaba al momento de ingresar a los Centros Educativos.
La población adulta no está muy lejos de esta realidad. Más del 40% no completó la educación primaria obligatoria, y el 14% de los encuestados señaló que no trabajaba al momento de su detención: 35,6% de que sí trabajaban, percibían menos del salario mínimo. Menores sin educación, adultos sin trabajo o subempleos, así es la mayoría de las personas privadas de libertad en Paraguay.
Los comisionados que recorrieron los sitios de detención recogieron historias de adolescentes y jóvenes que permitieron identificar y clasificar categorías que ponen al descubierto el contexto del cual - en su mayoría - provienen: exclusiones, vulneraciones a sus derechos, falta de políticas que impidan la deserción escolar, la convivencia con el mundo delictivo y las drogas.
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