La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes tanto al Ministerio de Obras Públicas como a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) por el caso PTP Group, que tiene en sus manos el Puerto de Villeta, en el marco de un convenio de dudosa legalidad negociado por Fernando Nicora López Moreira.
La Cámara de Diputados solicitó esta semana informe a la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y al Ministerio de Obras Públicas sobre el caso Villeta. Este puerto se entregó bajo la figura de “usufructo oneroso” al consorcio PTP Group, compuesto por una empresa argentina –PTP Warrant– relacionada al caso de corrupción Lázaro Báez y una paraguaya –Gregser– que solo existe en los papeles. El titular de esta última es un peluquero y en el domicilio de la firma funciona una humilde mercería, en Mariano Roque Alonso.
La solicitud de informe es sobre si la ANNP cuenta o no con un registro de los ingresos percibidos en Villeta desde la suscripción del contrato hasta diciembre de 2015 por las actividades operativas, importes específicos por toneladas embarcadas y desembarcadas, en buques y barcazas fluviales.
Se solicita asimismo especificar las etapas cumplidas en lo relativo al calendario de inversiones en el área de obras de infraestructura portuaria y de almacenaje para las cargas.
Finalmente, piden remitir copia del contrato de alianza operacional en usufructo oneroso, entre la ANNP y el consorcio PTP Group.
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