La articulación entre sectores colorados y liberales, conocida en los pasillos como un "pacto azulgrana", terminó garantizando la impunidad de jefes comunales que enfrentaban cuestionamientos graves desde sus propias juntas municipales.
El 2025 dejó al descubierto un patrón reiterado de protección política en la Cámara de Diputados, donde la mayoría parlamentaria evitó el avance de pedidos de intervención contra seis intendentes denunciados por presuntas irregularidades administrativas y hechos de corrupción. La articulación entre sectores colorados y liberales, conocida en los pasillos como un "pacto azulgrana", terminó garantizando la impunidad de jefes comunales que enfrentaban cuestionamientos graves desde sus propias juntas municipales.
Durante el año legislativo ingresaron ocho solicitudes formales de intervención municipal. De ese total, seis fueron archivadas sin mayores consecuencias, un intendente fue destituido y otro optó por renunciar ante la presión política y social. El rol del Ministerio del Interior, encabezado por Enrique Riera, también fue clave, ya que varios expedientes quedaron demorados o directamente retenidos, lo que impidió su tratamiento oportuno en el pleno de Diputados.
Entre los intendentes beneficiados figura Hernán Ysidro Rivas, jefe comunal de Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, y padre del senador cartista Hernán Rivas. Su administración fue denunciada por la Junta Municipal por un presunto desvío de alrededor de G. 2.000 millones. A pesar de que la causa está en manos del fiscal Néstor Coronel, no se registraron avances sustanciales en la investigación, repitiéndose un escenario similar al que ya lo había favorecido en 2023.
Otro caso es el de Tomás Olmedo, intendente de Ñemby, investigado por un supuesto daño patrimonial cercano a los G. 700 millones. Al igual que Rivas, Olmedo ya había sido salvado por Diputados en un periodo anterior, consolidando una línea de protección que volvió a activarse este año.
Leer la nota completa en El Nacional