La gestión del intendente Diego Ríos en Minga Guazú es el ejemplo perfecto de cómo los intereses personales pueden anteponerse al bienestar de una comunidad. Lo que debería ser un gobierno dedicado a resolver las necesidades de los ciudadanos, se ha convertido en una administración marcada por la opacidad, las denuncias de corrupción y el […]
La gestión del intendente Diego Ríos en Minga Guazú es el ejemplo perfecto de cómo los intereses personales pueden anteponerse al bienestar de una comunidad. Lo que debería ser un gobierno dedicado a resolver las necesidades de los ciudadanos, se ha convertido en una administración marcada por la opacidad, las denuncias de corrupción y el uso descarado de recursos públicos para fines proselitistas.
El reciente acto de entrega de un mamógrafo al hospital distrital, gestionado y financiado por Itaipú Binacional y el Ministerio de Salud, quedó opacado por la actitud del intendente, quien aprovechó la ocasión para promover su reelección. Este gesto, lejos de ser un símbolo de avance en la salud pública, fue percibido por la ciudadanía como un espectáculo político más de Ríos, quien intenta desesperadamente maquillar los años de inoperancia que han caracterizado su administración.
Desde su retorno al Partido Colorado —un movimiento que parece más una estrategia para garantizar impunidad que una decisión ideológica—, Ríos ha logrado blindarse de las múltiples denuncias en su contra. La falta de transparencia en su gestión es alarmante: el portal oficial de la municipalidad, herramienta clave para la rendición de cuentas, no se actualiza desde enero de 2024, incumpliendo flagrantemente la Ley 5282/14 de libre acceso a la información pública. ¿Cómo puede un líder justificar su reelección cuando ni siquiera cumple con las obligaciones básicas de su cargo?
Las irregularidades no se limitan al ámbito administrativo. Funcionarios cuestionados, como Salomón Medina, acusado de extorsionar a ciudadanos, continúan protegidos bajo la sombra de Ríos. Además, los constantes préstamos para cubrir deudas y salarios alimentan las sospechas de corrupción, mientras los mingueros enfrentan precariedades que el gobierno local parece incapaz de atender.
Leer la nota completa en La Clave
