Un reporte de indicios de hechos punibles con millonario perjuicio contra el patrimonio de la Municipalidad de Katueté, Canindeyú, por obras ejecutadas (aulas, tinglados y muros en varios locales escolares) con dinero del Fonacide fue remitido por Contraloría a la Fiscalía.
El organismo contralor verificó in situ las obras ejecutadas y en ejecución por la citada Comuna, con recursos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), en el ejercicio 2015. Corresponde a la gestión del entonces intendente de Katueté, Julio César Brítez (Unace).
El informe de Contraloría señala que el 13 de noviembre de 2015, la Comuna de Katueté contrató a la empresa Progen SA, representada por Carlos Gustavo Ruiz Díaz de González, para la ejecución de construcción de aulas, tinglados, cercado perimetral y refacción en instituciones públicas, por la suma de G. 582.129.640, en la escuela Nº 4307 Cristo Rey, construcción de aula; Esc. Nº 7837 Santa Librada, construcción de aula; Esc. Nº 4307 Cristo Rey, construcción de tinglado; Esc. Nº 5701 María Auxiliadora, construcción tinglado; Esc. Nº 5701 María Auxiliadora, cercado y refacción de muro; Esc....
Los auditores observaron la ejecución de algunos rubros en menor cantidad a lo contratado y pagado, además de rubros que no cumplen con las especificaciones técnicas, que derivan en un perjuicio patrimonial, cuya sumatoria es de G. 32.737.796; encontraron algunos rubros con precios que no guardan correspondencia con los que se manejan en el mercado, con perjuicio de G. 4.012.800; multas que no fueron aplicadas a las contratistas, por atraso en la entrega de obras, que derivó en un perjuicio de G. 30.852.871.
El 29 de setiembre de 2015, la Comuna contrató a la empresa Constructora La Fortaleza, representada por Andrés Torales Florentín, para construcción de biblioteca en el Col. Nac. Agrícola Paraguaya, por G. 89.500.000. CGR observó ejecución de rubros en menor cantidad a lo contratado y pagado, lo que ocasionó un perjuicio de G. 10.169.009; precios que no coinciden con los del mercado, con perjuicio de G. 8.912.036; multas no aplicadas a los contratistas, con perjuicio de G. 6.802.000.
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