El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó a los exintendentes liberales de Puerto Pinasco, Nelson Carreras y Diego Acosta, de haber cometido los delitos de lesión de confianza y hurto de los recursos provenientes del Fonacide, de los royalties de Itaipú y Yacyretá, y de los tributos municipales. El primero de los nombrados, presuntamente, hizo desaparecer 8.527.409.552 guaraníes entre diciembre del 2011 y agosto del 2015, mientras que el segundo hizo lo mismo con 1.750.725.091 guaraníes entre setiembre y diciembre de 2015. No hubo obras inconclusas ni sobrecostos: el dinero simplemente se esfumó luego de haber sido retirado mediante cheques al portador por funcionarios comunales y allegados a los dos imputados. Como el latrocinio solo pudo ser perpetrado gracias a la complicidad de los concejales, que aprobaron la ejecución presupuestaria durante cinco ejercicios fiscales, cabe esperar que el fiscal interviniente también acuse a estos cuando presente su requerimiento conclusivo el próximo 4 de abril. Los intendentes y concejales no estuvieron al servicio de la comunidad, sino del suyo propio. Se confabularon para robar los fondos que deben destinarse para mejorar la calidad de vida de los lugareños.
El fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera acusó a los exintendentes liberales de Puerto Pinasco, Nelson Carreras y Diego Acosta, de haber cometido los delitos de lesión de confianza y hurto de los recursos provenientes del Fonacide, de los royalties de las usinas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, y de los tributos municipales. Según los antecedentes del caso, el primero de los nombrados, presuntamente, hizo desaparecer 8.527.409.552 guaraníes entre diciembre de 2011 y agosto de 2015, en tanto que el segundo hizo lo mismo con 1.750.725.091 guaraníes entre septiembre y diciembre de...
De acuerdo al expediente, no hubo obras inconclusas ni sobrecostos: el dinero simplemente se esfumó luego de haber sido retirado mediante cheques al portador por funcionarios comunales y allegados a los dos imputados que, según constató la Contraloría General de la República, no dejaron atrás libros diarios o de inventarios, ni registros contables, ni facturas, ni órdenes de pago ni otros documentos administrativos y financieros. O sea que, aparte de saquear la Municipalidad, se llevaron incluso instrumentos públicos, si es que alguna vez los tuvieron. Como el latrocinio solo pudo ser...
Los intendentes y los concejales no estuvieron al servicio de la comunidad, sino del suyo propio: se confabularon para robar los fondos que debían destinarse a mejorar la calidad de vida de los lugareños, a invertir en proyectos de infraestructura educativa y a proveer el almuerzo escolar. Se enriquecieron vilmente a costa del presente y del futuro de unos siete mil vecinos, como lo vienen haciendo otros ladrones comunales en todo el país.
Tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica Municipal (LOM) disponen con tino que ninguna institución estatal, ente autónomo, autárquico o descentralizado, podrá apropiarse de ingresos o rentas de las municipalidades. El problema es que son tranquilamente apropiados por los intendentes y concejales de todo el país, sin que hasta hoy ninguno de ellos haya terminado en la cárcel ni, obviamente, resarcido el daño causado. Cabe preguntarse cómo es posible que en pequeñas localidades, como Puerto Pinasco, donde todo el mundo se conoce, los ciudadanos elijan a tales sinvergüenzas y...
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