Las familias afectadas habrían sido estafadas
Unas 100 familias que se encontraban viviendo desde el 2017 en unas cinco hectáreas de propiedad privada fueron desalojadas. Las desplazados abandonaron los terrenos de manera pacífica.
La abogada Fátima Armoa, representante de la familia afectada por invasión, manifestó que ya desde hace años llevan realizando los procedimientos.
Desde noviembre del 2017, se realizó la denuncia ante la Policía Nacional y la Fiscalía sin embargo el protocolo no hizo más que dilatar el caso.
La propiedad privada pertenecía a Juan Bautista Armoa y Alejandrina Torres, ya fallecidos. Los herederos reclaman la propiedad privada contando con los documentos apropiados. El valor total de las fincas serían elevadas ya que se encuentra a metros de la zona urbana ,destacó la jurista.
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