El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) promovió un nuevo operativo fiscal para recuperar 250 Ha de la zona conocida como Punta Pistola (Canindeyú), pero los ocupantes alegan tener derechos pues el propio ente les vendió la propiedad. Denuncian que en la intervención, que fue el viernes, una vez más se violó la Constitución.
Según la versión del Indert, quienes defienden derechos sobre las tierras en cuestión, miembros de una familia de apellido González, son “ocupantes ilegales”. Con ese argumento, el ente quiere tomar la posesión del inmueble para entregarlo a 50 campesinos de la “colonia modelo” de Santa Lucía (Alto Paraná), que está frente mismo a la propiedad.
El representante legal de los González, Abog. Gustavo Pedrozo, informó ayer a nuestro diario que el operativo del viernes estuvo encabezado por el fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano. Explicó que el agente llegó con una medida cautelar de no innovar, que en lugar de hacer referencia a las tierras, fue emitida sobre las personas.
Dicha disposición judicial ni siquiera fue notificada, acotó Pedrozo, y aún así, el Indert denunció desacato de la misma y consiguió que un juez emita una orden de allanamiento para romper el candado, echar el portón y aprehender a todos los que estaban adentro. “Esto es descabellado. Cuando hay desacato, el fiscal solo debe notificar a las partes, estas deben ejercer su defensa, se tiene que demostrar el desacato y luego el agente toma la decisión de si les imputa o no a dichas personas. Jamás debieron actuar como lo hicieron, pisoteando todas las leyes y la Constitución Nacional”, señaló.
Reiteró que el fiscal Lezcano se extralimitó en su procedimiento, pues además de lo relatado, secuestró maquinarias y llevó armas de los guardias que custodiaban la propiedad, todo esto pese a que se le informó que había sido recusado. Ayer ABC quiso conversar con el agente, pero su celular con terminación 466 se encontraba apagado.
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