Una grave denuncia por estafa fue radicada en la Fiscalía de Ciudad del Este contra Haydee Carolina Alcaraz, quien se presentaba como secretaria de la senadora colorada Lilian Samaniego. Según los datos, la mujer se dedica a embaucar a personas que desean trabajar en entes públicos exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de los […]
Una grave denuncia por estafa fue radicada en la Fiscalía de Ciudad del Este contra Haydee Carolina Alcaraz, quien se presentaba como secretaria de la senadora colorada Lilian Samaniego. Según los datos, la mujer se dedica a embaucar a personas que desean trabajar en entes públicos exigiendo millonarias sumas de dinero a cambio de los “favorcitos”. Una de las víctimas es un suboficial de Policía, quien afirma haber entregado G. 13 millones para ingresar a Itaipu como jefe de seguridad, pero el puesto jamás se concretó.
La denunciada es además tía de un suboficial con múltiples denuncias por violencia familiar que nunca fueron investigadas por la Fiscalía, lo que refuerza la hipótesis de que el personal policial goza de una especie de protección basada en influencias políticas. Este hecho de presunto tráfico de influencias y estafa involucra a una mujer que se presenta como funcionaria del entorno de la senadora Lilian Samaniego. Se trata de Haydee Carolina Alcaraz, quien fue denunciada penalmente el pasado 2 de mayo por el suboficial Enrique Nicolás Torres Gamarra, residente en el barrio San Miguel de...
El denunciante manifestó que, al realizar averiguaciones por su cuenta, descubrió que no sería la primera víctima de la presunta estafadora, por lo que decidió recurrir a la Fiscalía en busca de justicia. La mujer, según varios testimonios, se jactaría públicamente de tener acceso e influencia en diferentes ministerios y entes del Estado, gracias a su supuesta cercanía con la parlamentaria Samaniego.
La gravedad del caso se incrementa al conocerse que Haydee Alcaraz es tía del suboficial ayudante Berlín Joel Alcaraz Dos Santos, un uniformado que arrastra al menos tres denuncias por hechos de violencia familiar, ninguna de las cuales derivó en proceso penal o siquiera en un llamado a declarar por parte del Ministerio Público.
Leer la nota completa en La Clave
