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La denuncia penal revela un esquema de asociación criminal con facturas falsas y construcciones inexistentes que habrían afectado gravemente el patrimonio municipal.
Una grave denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra el intendente de Caazapá, Amado Baldomero Díaz Verón. Los concejales Felipe Santiago Giménez Maciel y Alberto Amarilla Barrios encabezan la acción judicial. El documento señala un presunto desvío de fondos provenientes de Royalties. El monto del perjuicio patrimonial estimado asciende a G. 3.999.189.025 (aproximadamente 600 mil dólares) Según los denunciantes, se habrían simulado diversas obras públicas para justificar los pagos ilegales.
La denuncia también alcanza a otras 15 personas, entre las que figuran funcionarios municipales y contratistas privados. Los hechos se califican provisoriamente como lesión de confianza y asociación criminal. También se mencionan delitos contra la prueba documental y producción de documentos públicos de contenido falso. De acuerdo con el relato, se instaló un esquema delictivo estructurado dentro de la propia institución municipal. Este grupo estaría liderado por el jefe comunal y sus colaboradores más cercanos.
El mecanismo utilizado se basaría en la colaboración de asociaciones sin fines de lucro y terceros externos. Estos actores habrían facilitado facturas y documentos oficiales para aparentar el cumplimiento de contratos. Sin embargo, estas gestiones no se reflejarían en la realidad física de los distritos afectados. Los denunciantes sostienen que los miembros de la Asociación ADEPRIN y la Constructora Acuña actuaron en complicidad con el ejecutivo municipal.
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