Informes de inteligencia penitenciaria aseguran que los testigos, del caso de los 24 reclusos acusador por la masacre del 2016, supuestamente sufren amenazas contra su integridad física.
Debido a esto, varios testigos han cambiado su versión debido a que deben declarar ante los reclusos quienes decapitaron, acribillaron y calcinaron a otros reclusos.
Mediante una nota, se solicitó la garantía de los testigos exigiendo la protección a la integridad física y que se «arbitren todas las medidas de seguridad pertinentes». Además de la solicitud de que los procesados no se encuentren presentes debido a que se sentirían amedrentados.
La defensa de los procesados pidió recusar a los agentes fiscales debido a que, «durante todo el proceso, cada recluso se comportó y no existe tal amedrentamiento»
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