Luego de la audiencia de imposición de medidas efectuada ayer por vía telemática, la jueza penal de garantías de la ciudad del Presidente Franco, Carina Frutos, decretó la prisión preventiva de los cinco agentes de investigaciones imputados por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos. La magistrada intimó a la agencia fiscal sobre datos personales de la […]
Luego de la audiencia de imposición de medidas efectuada ayer por vía telemática, la jueza penal de garantías de la ciudad del Presidente Franco, Carina Frutos, decretó la prisión preventiva de los cinco agentes de investigaciones imputados por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos. La magistrada intimó a la agencia fiscal sobre datos personales de la abogada imputada de manera a declararla en rebeldía.
Los agentes policiales soportan proceso penal con cargos por privación de libertad y extorsión agravada y están identificados como, el oficial Derlis Ariel Chávez Giménez, los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos tienen decretada la prisión preventiva, según confirmó la jueza de garantías. Con respecto a la abogada Blanca Noemí Gauto Fernández, prófuga, la magistrada intimó a la agencia fiscal para entregar datos específicos y solicitar medidas cautelares.
Tratando de dar credibilidad a las intimidaciones a las víctimas, Fabio Junior Troche Zarza, Jorge Esteban Stoian Vidiella y la hija adolescente del último, los cinco “polibandis”, asentaron parte de sus actuaciones en un acta que hicieron firmar a los elegidos de turno. Ocurrió el pasado 3 de junio último, alrededor de las 12:40, sobre la avenida Monday de Presidente Franco, a bordo de una camioneta.
Fueron interceptados por una camioneta Toyota Hilux, sin logo de la Policía, bajaron al conductor, Troche Zarza, y lo forzaron a abordar el rodado a punta de armas de fuego. Stoian y su hija permanecieron en el vehículo del primero y dos policías abordaron el rodado, les sustrajeron sus teléfonos celulares dejándolos incomunicados. Exigieron al primero la suma de 50.000 dólares para dejarlo en libertad.
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