Héctor PereiraCaracas, 11 nov (EFE).- Decenas de políticos de Venezuela que este año promovieron una opción que pusiera fin al Gobierno chavista, a través de las elecciones del 28 de julio, están hoy tras las rejas. Según registros de ONG, cerca de 170 militantes y activistas de partidos son ahora prisioneros acusados, en su mayoría, de terrorismo.
Casi todos fueron arrestados en los días posteriores a los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue oficialmente reelegido, tras lo cual la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- cantó fraude y se desató una crisis que estremeció la política internacional, con protestas poselectorales y una oleada de detenciones.
Mientras el Ejecutivo habla de 2.400 detenidos en ese contexto, las organizaciones no gubernamentales estiman que el número oscila entre los 1.700 y los 1.800, lo que revela que un 10 % corresponde a políticos, propiamente afiliados a diferentes formaciones, que pasaron de gritar consignas en las calles a luchar por su libertad detrás de los barrotes.
Para la abogada Martha Tineo, de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), hay "un agravamiento en la ejecución de la persecución por razones políticas en Venezuela", donde la Justicia emitió una orden de captura contra el candidato presidencial de la PUD, Edmundo González Urrutia, que lo llevó a exiliarse en España desde el 8 de septiembre.
"Esa posición contraria al poder ha sido criminalizada (...) no necesariamente estamos hablando de oposición, sino de cualquier ejercicio o posición que el poder considere contrario a sus intereses", expuso la jurista, al recordar que, además de políticos de base, hay activistas de DDHH, líderes sindicales, periodistas y estudiantes en las listas de "presos de conciencia".
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