Los documentos presentados en el expediente revelan que el Grupo San Jorge S.A., citada como eje de las supuestas operaciones ilícitas, nunca tuvo actividad
En los últimos meses, uno de los procesos judiciales más polémicos del país ha puesto en evidencia los riesgos de un sistema que, en lugar de juzgar hechos, parece juzgar personas. Se trata del caso de Gianina García Troche, actualmente privada de su libertad bajo la acusación de lavado de dinero, en un proceso que, según los documentos y declaraciones incorporadas al expediente, carece de sustento probatorio concreto.
García Troche es madre de cuatro hijos menores de edad y pareja de una persona con antecedentes públicos vinculados al narcotráfico. Sin embargo, en su causa no existen pruebas materiales que la vinculen con actividades ilícitas. Lo que existe es una imputación basada en presunciones, deducciones y prejuicios, lo que diversos juristas califican como una peligrosa aplicación del “derecho penal del enemigo”.
Los documentos presentados en el expediente revelan que la empresa Grupo San Jorge S.A., citada como eje de las supuestas operaciones ilícitas, nunca tuvo actividad comercial real.
La propia contadora de la firma declaró bajo juramento que los montos consignados en la escritura de constitución fueron simbólicos y jamás se integraron efectivamente al capital social.
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