El juez federal argentino Claudio Bonadio ordenó hoy el procesamiento y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por supuestamente encabezar una trama de corrupción que recibía sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Bonadio imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos (…) y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, período que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner. A la vez, le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (US$ 100 millones).
Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero solo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable, ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
El magistrado también ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual Presidente Mauricio Macri.
En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo equivalente al de la mandataria. Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
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