La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió analizar la petición enviada por parte de la administración de Rodrigo Duterte en la que se indica que el gobierno filipino se encuentra realizando una investigación acuciosa respecto de las muertes ocurridas durante la guerra contra las drogas, iniciada por Rodrigo Duterte desde que asumió como presidente.
En un documento con fecha 18 de noviembre subido a la página web del tribunal, se comunica a los magistrados que "ha suspendido sus actividades de investigación mientras evalúa el alcance y el efecto de la solicitud de aplazamiento” de Manila. De esta forma, se establece un receso temporal en la investigación del ente internacional.
El Gobierno filipino aseguró, en una carta a la Fiscalía remitida el 10 de noviembre, que sus autoridades llevan a cabo "investigaciones minuciosas sobre todas las muertes reportadas durante las operaciones antidroga”.
La determinación responde al principio de complementariedad que rige al CPI, es decir, no intervendría si la Justicia filipina llevara a cabo auténticas pesquisas sobre los delitos relacionados con la guerra contra las drogas en Filipinas.
La medida se produce a pesar que los jueces autorizaron el pasado 15 de septiembre una investigación por supuestas ejecuciones extrajudiciales en redadas policiales antidroga. Los magistrados aseguraron que existen indicios de "una política de Estado” porque "hay un vínculo claro entre los asesinatos y la campaña contra las drogas del Gobierno”.
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