El atraco a un transportador de caudales de la empresa Prosegur, ocurrido el pasado 7 de noviembre, ha desencadenado una serie de declaraciones conflictivas entre altos funcionarios del Gobierno. La violencia y la espectacularidad del asalto, que dejó dos personas muertas y a los criminales con un botín millonario, han puesto en tela de juicio […]
El atraco a un transportador de caudales de la empresa Prosegur, ocurrido el pasado 7 de noviembre, ha desencadenado una serie de declaraciones conflictivas entre altos funcionarios del Gobierno. La violencia y la espectacularidad del asalto, que dejó dos personas muertas y a los criminales con un botín millonario, han puesto en tela de juicio la eficacia de los informes de inteligencia y la coordinación entre las fuerzas de seguridad.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, nuevamente fue blanco de críticas supuestamente por desconocer un informe de inteligencia enviado por la Policía Nacional el 31 de octubre. Según publicaciones, el informe alertaba sobre un plan de asalto orquestado por tres reos peligrosos desde el penal de Itapúa. Sin embargo, el ministro defendió la decisión de no realizar una requisa preventiva, argumentando que el documento «no tenía consistencia» y se refería a un «delito genérico».
“Fue informe inconsistente, porque no vino de la manera como tiene que venir. No pasó el protocolo de informaciones de servicio de la Policía, del Ministerio del Interior. Era un mero comentario que desde la cárcel de Itapúa se estaba preparando una acción criminal en algún lugar, en Itapúa, probablemente. No sabíamos si era un homicidio un asalto a banco, asalto a cajero”, dijo.
El ministro se excusó ante las críticas y destacó que reciben al menos 10 denuncias diarias sobre presuntos delitos desde diferentes cárceles del país, y que todas se analizan antes de actuar.
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