La implementación del estacionamiento tarifado en Encarnación, que incluye el uso de cepos y grúas, sigue generando polémica entre concejales y ciudadanos. El concejal municipal Andrés Morel explicó que la normativa ya contaba con estas disposiciones desde su aprobación original, aunque con modificaciones introducidas por algunos miembros de la Junta Municipal para suavizar los efectos sobre la ciudadanía. El concejal cuestionó además la estrategia de desinformación utilizada por algunos miembros de la administración municipal y su equipo jurídico, que, según indicó, busca confundir a la ciudadanía respecto a la vigencia de la normativa y justificar retrasos en su aplicación.
La implementación del estacionamiento tarifado en Encarnación, que incluye el uso de cepos y grúas, sigue generando polémica entre concejales y ciudadanos. Aunque la ordenanza correspondiente fue aprobada en 2023, su ejecución oficial aún no se ha concretado, generando confusión y preocupación en la población.
El concejal municipal Andrés Morel explicó que la normativa ya contaba con estas disposiciones desde su aprobación original, aunque con modificaciones introducidas por algunos miembros de la Junta Municipal para suavizar los efectos sobre la ciudadanía. “Fuimos nosotros los que ajustamos lo que originalmente pretendía la empresa concesionaria, que incluía cobros excesivos y situaciones poco claras para los ciudadanos. Con las modificaciones, la ordenanza quedó un poco menos nociva”, señaló.
Morel también destacó que la demora en la implementación se debe en parte a intereses políticos y económicos. Según indicó, algunos sectores temen que la aplicación de multas, cepos y grúas afecte la percepción ciudadana de cara a las elecciones. “Hay un ánimo de lucro por parte de la concesionaria y, al mismo tiempo, pretensiones políticas que están frenando la ejecución de la ordenanza”, comentó.
El concejal cuestionó además la estrategia de desinformación utilizada por algunos miembros de la administración municipal y su equipo jurídico, que, según indicó, busca confundir a la ciudadanía respecto a la vigencia de la normativa y justificar retrasos en su aplicación. “Están tratando de eludir responsabilidades con relatos de medias verdades, mientras la población exige claridad y transparencia”, aseguró.
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