Si se confirma que el hoy contralor José Enrique García formó parte de algún acuerdo para posibilitar que finalmente el fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción a pagar 3,6 millones de dólares a la empresa Ivesur quede firme, se estaría ante la comisión de un delito penal. Desde un principio se sospechó de una repartija de dinero público.
Tiende a confirmarse que la demanda de la empresa verificadora de vehículos Ivesur contra la Municipalidad de Asunción formó parte de todo un acuerdo entre partes para despojar a la institución de una millonaria suma.
Los antecedentes indican que en el 2011, la firma presentó una denuncia contra la Comuna capitalina por supuesto incumplimiento de contrato. Ivesur aseguraba que la Municipalidad no obligó a todos los vehículos que ingresan a Asunción a realizar una verificación, como estaba acordado.
En consecuencia, solicitaba una indemnización de 9 millones de dólares. La demanda se llevó adelante ante el Tribunal Arbitral de la Capital (extrajudicial).
En febrero, a escasos dos meses de inicio de gestión de Mario Ferreiro (Avanza País) y con el hoy contralor general José Enrique García como asesor jurídico, llamativamente Ivesur elevó a 12 millones de dólares su exigencia. El hasta ese momento representante de la Municipalidad en el caso, el abogado Julio Samaniego, realizó furibundo descargo.
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