La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná confirmó la resolución que otorga libertad ambulatoria con restricciones al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia. El Ministerio Público y la querella advirtieron riesgos de fuga, obstrucción y presión sobre testigos. La Cámara integrada por las camaristas Nilda Estela […]
La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná confirmó la resolución que otorga libertad ambulatoria con restricciones al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia. El Ministerio Público y la querella advirtieron riesgos de fuga, obstrucción y presión sobre testigos.
La Cámara integrada por las camaristas Nilda Estela Cáceres Díaz, Juana Bertha Ávalos Agüero y Mirian Brítez Aguilar, confirmó el Auto Interlocutorio N° 298 del 25 de abril de 2025, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 2, Bernardo Silva. En dicho auto se dispuso suspender la prisión preventiva de Acosta y aplicar medidas alternativas, como caución juratoria, fianza personal de su esposa Fany Graciela Ramírez Torales, embargo de bienes inmuebles por hasta Gs. 300 millones, y prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima.
Tanto el Ministerio Público como la querella habían apelado esa resolución. Alegaron que Acosta permaneció prófugo, litigó desde la clandestinidad, influyó en la recusación de jueces y accedió al expediente electrónico sin autorización judicial. Denunciaron además que los testigos dependían laboralmente del entorno del acusado, que aún quedaban diligencias pendientes como la pericia del circuito cerrado, y que las garantías ofrecidas eran insuficientes.
Sin embargo, el Tribunal consideró que, conforme a la Ley 6350/2019, la prisión preventiva es una medida excepcional y que los riesgos procesales pueden ser contrarrestados con las restricciones impuestas. Indicaron que, aunque persiste el riesgo de obstrucción, este podría ser mitigado con las condiciones ya fijadas, especialmente la prohibición de acercamiento a la víctima. También valoraron que las diligencias básicas ya pudieron haber sido realizadas desde el hecho ocurrido en marzo.
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