Confirman la condena de dos años y medio al rapero español Pablo Hasél por amenazar a un testigo - C9N

Confirman la condena de dos años y medio al rapero español Pablo Hasél por amenazar a un testigo - C9N

Esta nueva sentencia llega dos días después de que ingresara en prisión para cumplir otra pena de nueve meses por enaltecimiento al terrorismo.

El Tribunal de Lleida, España, confirmó otra condena, de dos años y medio de cárcel, para el rapero Pablo Hasél, por amenazar a un testigo de un juicio contra unos guardias urbanos del municipio. Esta pena, contra la que aún cabe interponer recurso en el Tribunal Supremo, se suma a los nueve meses y un día que el músico está cumpliendo por enaltecimiento del terrorismo, al elogiar a ETA y los Grapo en varios tuits y una de sus canciones.

El tribunal ratificó la mayor parte de la sentencia que emitió el Juzgado de lo Penal de la ciudad, que condenó a Hasél por los delitos de obstrucción a la justicia —un año y nueve meses—, amenazas —nueve meses— y por un delito leve de maltrato de obra, junto a una multa a pagar durante nueve meses con una cuota diaria de ocho euros, que la instancia superior anula ahora parcialmente: resta 30 días a la sanción económica al absolverle de este último ilícito.

Según el testigo, mientras estaba sentado en una cafetería, el acusado «se aproximó a él con actitud amenazante y le propinó una patada, que pudo evitar (y le dijo) que era un hijo de put…, amenazándole con expresiones como ‘ya te cogeré». Todo ello, indica el tribunal, «puesto en relación a la celebración del juicio en el que había testificado»; unos hechos que le hicieron «sentirse amenazado».

Como prueba se utilizó un tuit del rapero, que iba acompañado de una foto del declarante. «La Guardia Urbana de Lleida compró a este testigo falso para declarar contra un compañero al que dieron brutal paliza», escribió en la red social en relación al juicio. A ojos de la Audiencia Provincial, «es evidente» que el tuit se publicó «con el ánimo de represaliar al denunciante», por lo que la Sala lo considera constitutivo de un delito de obstrucción a la justicia, que castiga los intentos de «intimidación» para intentar influir en alguna de las partes de un proceso.

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