El Ministerio Público logró una elevada condena para los efectivos policiales por los hechos punibles de secuestro, extorsión, privación ilegítima y asociación criminal.
Los uniformados fueron acusados de exigir 100 millones a una mujer y a su hija para no detenerlas por supuesta posesión de narcóticos.
El hecho se registró en octubre del 2013, en la ciudad de San Lorenzo, en donde resultaron víctimas Virginia Benítez y Laura Bogado.
Los agentes subieron a una camioneta a ambas y pidieron dicho monto para no ser involucradas en un caso de tráfico de cocaína.
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