La Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (Amualpa), que aglutina a todos los intendentes del décimo departamento, lejos de perseguir el bien común de esta región, hasta ahora en lo que se han destacado es en el equivocado concepto de defensa corporativa, hecho que puede poner en peligro a la organización, minando su credibilidad y representatividad ante la opinión pública. “Levantamos nuestra voz de protesta y a la vez de defensa de la colega perseguida, como también la de rechazar la posibilidad de dejar un nefasto precedente de que otros municipios corran la misma suerte”, reza el comunicado enviado a diputados, senadores, presidente de la República y ministro del Interior.
La Asociación de Municipalidades de Alto Paraná (Amualpa), que aglutina a todos los intendentes del décimo departamento, lejos de perseguir el bien común de esta región, hasta ahora en lo que se han destacado es en el equivocado concepto de defensa corporativa, hecho que puede poner en peligro a la organización, minando su credibilidad y representatividad ante la opinión pública.
En setiembre del 2013, el diputado liberal Carlos Portillo (PLRA) había presentado pedido de informes a los jefes comunales de Alto Paraná, sobre la utilización de los recursos del Fonacide. En ese entonces, los integrantes de Amualpa calificaron el hecho como, “amedrentamiento”, afirmaron que la Comuna es autónoma y que los pedidos de informes de Diputados son “inconstitucionales”. Incluso se habían quejado de la excesiva burocracia a la que eran sometidos para el uso de los fondos mencionados.
En octubre del año pasado, la Contraloría General de la República, le dio la razón al diputado Portillo. Fue al divulgar el informe sobre los jefes comunales que no rendían cuentas sobre uso de Fonacide y Royalties, en todo el país. En Alto Paraná, seis municipios no presentaron el informe cuatrimestral sobre la ejecución de dichos fondos, mientras nueve no explicaron qué uso tuvieron los Royalties.
No se puede decir que los que presentaron sus informes hayan utilizado bien el dinero, porque las obras ejecutadas por las municipalidades dejan mucho que desear, y ponen en peligro a los alumnos de las escuelas “beneficiadas”.
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