Con recusación contra dos fiscalas, el intendente de San Antonio, Raúl Mendoza (PLRA), logró frenar su acusación por un supuesto desvío de más de G. 1.200 millones.
El jefe comunal recusó por segunda ocasión a la fiscala de la causa, María José Pérez, con quien supuestamente intentó una salida alternativa de suspensión condicional, sin éxito.
Posteriormente, fue designada la agente Laura Ávalos, también de la Unidad Penal de San Antonio, quien también resultó recusada a días de que venciera el plazo para la presentación del requerimiento.
Finalmente, el intendente logró su objetivo de no ser acusado por lesión de confianza con la reciente intervención del fiscal de Villa Elisa, Miguel Quintana.
El agente solicitó un sobreseimiento provisional porque no le convencieron los elementos recabados hasta el momento, y por ello ordenó más diligencias investigativas, especificó ayer a ABC Color.
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