La tala ilegal en Chile es un problema de larga data, especialmente en el sur del país, pero con la escalada de los choques entre mafias madereras, taladores y comunidades indígenas, un nuevo marco legal trata de contener el problema.
En un nuevo informe publicado en octubre, después de una enmienda a la ley de robo de madera, el centro de pensamiento chileno AthenaLab trató de desenmarañar esta compleja problemática.
La enmienda se formuló en medio de llamados para que se redujera el tráfico de madera en la región administrativa del sur, donde hay en vigor un estado de excepción desde mayo. Y el cambio hasta ahora ha llevado a la captura de 25 personas en el corazón de la tala ilegal en el país, según el periódico chileno Biobio Chile.
Pero el problema va mucho más allá de algunas capturas. La región del sur es territorio de comunidades indígenas mapuche que han rechazado lo que consideran la usurpación de las industrias extractivas en sus territorios ancestrales. Han quemado bosques y camiones transportadores de madera, han atacado aserraderos y montado bloqueos de vías para obligar a las empresas a salir de la región.
Aparte de los mapuches, pero también activos en la región, existen oscuras mafias madereras, carteles criminales dedicados a la tala ilegal. Al contrario de los mapuche, esas mafias madereras no tienen objetivos políticos y están movidas por las ganancias del lucrativo tráfico de madera, según el informe de AthenaLab.
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