La Ley Orgánica Municipal 3.966/2010, en su inciso a), reza que es facultad de la Junta Municipal, en uso de sus atribuciones, dispuestas en el artículo 36: sancionar ordenanzas, resoluciones y reglamentos en materia de competencia municipal. Esta normativa no le queda claro al intendente de Luque, Carlos Echeverría (colorado cartista), quien usurpa dichas atribuciones para reconocer como “comité de desarrollo productivo” a cualquier grupo de personas “organizadas”, gestionadas por sus amigos, operadores o funcionarios.
Un copetín, una lomitería y un club de rugby, y quién sabe cuántos más fueron denominados “comité de desarrollo productivo” por resoluciones del jefe comunal (conocedor de leyes, según su título académico), previo dictamen favorable de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna. Peor aún, el copetín J & C y lomitería Tío Rey, en realidad no funcionan.
¿Cuál es el objetivo del reconocimiento como comité de desarrollo productivo de una organización? Pues, la Ordenanza Municipal Nº 33/2012 indica que en materia de desarrollo productivo se realizará la prestación de servicios de asistencia técnica y de promoción de las micro y pequeñas empresas y de emprendimientos, además de la planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo sostenible, apoyando a sectores vulnerables, especialmente a aquellos pequeños productores de la comunidad. También, según la disponibilidad presupuestaria, se podrá financiar los proyectos...
Los miembros de la Junta Municipal, a los “contralores”, a los “representantes” de la ciudadanía luqueña, los que tienen que velar por el uso correcto de los recursos de los luqueños, se limitan a realizar pedidos verbales de informes al respecto que, por cierto, no son respondidos por la Intendencia. El presidente del deliberativo, Rubén González Chaves (hijo del senador Óscar González Daher, mentor de Echeverría) ni se da por enterado de los hechos.
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