La principal preocupación de los choferes, articulada por un representante sindical, radica en el destino de la antigüedad laboral cuando
La principal preocupación de los choferes, articulada por un representante sindical, radica en el destino de la antigüedad laboral cuando una empresa de transporte quiebra y su tramo es adjudicado a una nueva firma. Los trabajadores cuestionan que el proyecto de ley no garantiza la absorción del personal con su antigüedad intacta, citando como ejemplo el caso de la extinta empresa San Fernando, donde los choferes reasumidos fueron contratados como personal nuevo y deben litigar para cobrar los años de servicio perdidos.
«Nosotros propusimos la protección de los trabajadores que tenían antigüedad. Pero nos impusieron que tenían que tener mínimamente dos años de antigüedad para poder ser reabsorbidos. El artículo 39 es el tratado de absorción que prácticamente la antigüedad muere de los trabajadores,» afirmó Hugo Zayas, dirigente del gremio de choferes.
El sindicalista denunció que la nueva normativa busca blindar los bienes de los empresarios del transporte, dificultando cualquier demanda laboral. El esquema legal propuesto permitiría que la propiedad de los ómnibus y los terrenos donde operan sean inembargables, quedando los choferes únicamente con la posibilidad de demandar a una «empresa de maletín» que figure como operadora, pero que carece de solidez patrimonial.
Además, los trabajadores critican que el proyecto declara al servicio de transporte como «imprescindible», lo que, en la práctica, anularía el derecho a la huelga. Aunque reconocen que es un servicio esencial, argumentan que la ley no establece un porcentaje de servicios mínimos razonable (como un 25% o 30%) que permita ejercer el derecho a la protesta sin paralizar completamente el servicio.
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