El juez Humberto Otazú formalizó su apartamiento al caso que investiga al expresidente, Santiago Peña, debido a una causal de inhibición por vínculos de carácter familiar con el también procesado Marco Aurelio González.
La decisión se fundamentó en que, tras concretarse el procesamiento de González, correspondía apartarse formalmente de la arista relativa a Peña, no sin antes haber resuelto las audiencias previas de las personas privadas de libertad dentro del plazo impostergable de 24 horas fijado por la Constitución Nacional.
Al justificar su intervención inicial a pesar de la causal existente, Otazú explicó que el artículo 346 del Código Procesal Penal y la Carta Magna lo obligaban legalmente a resolver sobre actos procesales urgentes que no admitían demora.
Asimismo, el magistrado defendió la transparencia de su actuación y su credibilidad frente a las críticas, enfatizando que la totalidad de sus resoluciones y decisiones tomadas en el expediente permanecen estrictamente registradas dentro del sistema judicial
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