CAPIATÁ. Un grupo de usuarios de la Junta de Saneamiento Laurelty de la Compañía 10 tomó el edificio de la aguatera porque afirman se rompió la institucionalidad debido a que el presidente Rubén Darío Rojas Romero hace lo que quiere.
Los usuarios mencionaron que el intendente realizó la contratación unilateral de una asesora jurídica. Esta, al final, se convirtió en administradora, lo que afirman devino en otra serie de irregularidades que les motivó a movilizarse.
La señora Beatriz de Rojas señaló que prácticamente desde que fue electo presidente Rojas Romero, en 2017, tuvo un comportamiento llamativo. Convocaba a sesiones y no asistía, luego realizaba acciones de manera unilateral, como la contratación de la abogada Cinthia Sánchez Lugo como asesora jurídica, el pasado 23 de abril de 2017.
Beatriz de Rojas afirmó que Sánchez Lugo fue contratada sin necesidad alguna, ya que la Junta no contaba con demandas ni necesidad de asesoría legal, y profesionales de la Contraloría Ciudadana Capiateña ayudaban en ese sentido.
Lo que consideran más grave es que la abogada contratada se convirtió en administradora y empezó a realizar descuentos al personal, además de cambios arbitrarios de puestos laborales, apañada por Rojas.
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