Desde hace varios días, los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial Campesina, que reclaman la condonación de las deudas de 16.862 “agricultores”, están violando impunemente la ley y los derechos de los demás, entorpeciendo adrede el tránsito en el centro de Asunción. Ese ejercicio abusivo del derecho a manifestarse pacíficamente, que impide a decenas de miles de personas llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, enerva especialmente a los conductores de vehículos, al punto de ocasionar accidentes. Toman así como rehenes a trabajadores igual que ellos para forzar una medida legislativa o administrativa, lo que es repugnante y no sirve precisamente para ganar adeptos. Es de temer incluso que alguna de las víctimas, harta de sufrir tantos contratiempos, trate de hacerse justicia por sí misma, dada la inacción de las fuerzas del orden público. Las autoridades competentes –Policía Nacional, Patrulla Caminera, jueces y fiscales– están obligadas a aplicar las medidas que correspondan, mal que les pese a los manifestantes. Es la única forma de cambiar la situación actual, que cada vez se parece más a una jungla donde impera la ley del más fuerte.
Desde hace varios días, los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial Campesina, que reclaman la condonación de las deudas de 16.862 “agricultores”, están violando impunemente la ley y los derechos de los demás, entorpeciendo adrede el tránsito en el centro de Asunción. Ese ejercicio abusivo del derecho a manifestarse pacíficamente, que impide a decenas de miles de personas llegar a tiempo a sus lugares de trabajo, enerva especialmente a los conductores de vehículos, hasta el punto de haber provocado una colisión entre dos buses con el resultado de seis pasajeros con lesiones...
Accidentes similares a este, que pudo haber tenido un peor desenlace, como el acaecido el año pasado cuando una persona murió porque la ambulancia que la llevaba fue demorada por quienes cerraron la Ruta X para que se les condonen sus deudas, seguirán ocurriendo en la capital y en todo el país mientras se ignore la Ley Nº 1066/97, que reglamenta las libertades de reunión y de manifestación “en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”, de acuerdo a la autorización dada por el art. 32 de la Constitución.
Con respecto a Asunción, esa “ley del marchódromo” dispone que las personas pueden reunirse y manifestarse desde las 19:00 hasta las 24:00 los días laborales y durante las 24 horas los domingos y feriados. Esta norma nunca ha sido respetada, y, precisamente, los actuales perturbadores del orden público salen a las calles en horas del día, de lunes a sábado, con el fin de presionar a las autoridades y a los legisladores y a la vez hacer una demostración de fuerza ante la ciudadanía, lanzando petardos y coreando estribillos. Según la misma ley, la comunicación previa a la Policía Nacional...
La misma ley establece como “lugares permanentes de reunión” las plazas capitalinas situadas dentro de ciertos perímetros, pero lo que a los manifestantes les interesa no es tanto congregarse en ciertas plazas, sino ocupar las calles del centro de Asunción, suponiendo acaso que la ciudadanía, utilizada como rehén ante quienes tienen la facultad de decidir, apoyará sus exigencias con tal de que tengan la “gentileza” de liberar el tránsito. Lo que ocurre es más bien lo contrario, o sea, que son repudiados por las víctimas de sus atropellos, independientemente de la pertinencia de sus reclamos.
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