Las personas que fueron adoptadas siendo pequeñas, una vez que hayan cumplido los 18 años, ya pueden ejercer su derecho a tener conocimiento y exigir tener acceso a los expedientes, en los cuales quedaron registradas todas las actuaciones para su adopción.
De esta forma la misma puede conocer su origen, es decir, quienes son sus padres biológicos y al mismo tiempo conocer la ubicación de estos.
Pero, para que esto se pueda llevar a cabo los interesados en tener conocimiento sobre su familia biológica deben tener acceso a los expedientes judiciales en los cuales quedaron grabadas todos los documentos y las actuaciones judiciales del proceso de adopción, lo que en numerosos casos reciben una negativa en los estamentos del Poder Judicial, pese a que es un derecho que establecen la Constitución Nacional y el Código de la Niñez.
Toda esa campaña, para muchas personas querer conocer sus orígenes significa un importante gasto de dinero con la contratación de un abogado que lleve a cabo los trámites, engorrosos y largos en ocasiones.
Sin embargo, existe el Ministerio de la Defensoría Pública, que es partes del Poder Judicial y cuyo objetivo es, según la Ley N° 4423/11, “ejercer la defensa de los usuarios de sus servicios y vigilar la efectiva aplicación del debido proceso en el ámbito de su competencia”. Los defensores públicos están a disposición por cuenta del Estado.
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