Gonzalo Domínguez LoedaLima, 7 dic (EFE).- Dos años han transcurrido desde que Dina Boluarte hizo su accidentado ingreso a la Presidencia de Perú, 24 meses en los que su mandato ha ido enredándose en escándalos judiciales que han ubicado a la jefa de Estado en el ojo de un huracán legal con investigaciones que incluyen abandono del cargo, corrupción o encubrimiento.
Elegida como vicepresidenta en las elecciones de 2021, su llegada a la jefatura del Estado estuvo marcada por el fallido autogolpe de Estado de su predecesor, Pedro Castillo, al que siguió una ola de protestas cuya represión, que se saldó con 49 muertes a manos de la fuerza pública, supuso la apertura de la primera investigación en su contra.
El sinuoso camino de la Justicia en Perú debe, en todos los casos, seguir la senda de la denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado que cuentan con inmunidad. El Congreso debe dar luz verde a la Fiscalía para que la cámara recomiende acusar a la persona investigada. Si no es así, las investigaciones deben cerrarse.
La primera investigación abierta a Boluarte fue por los delitos de homicidio, genocidio y lesiones graves en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023.
El Congreso no aceptó la primera denuncia de la entonces fiscal general, Patricia Benavides, por lo que tuvo que ser archivada.
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