Pobladores y funcionarios municipales de Villarrica realizaron ayer una manifestación para exigir a la jueza Vanessa Miño el levantamiento de la medida de no innovar impuesta sobre el vertedero municipal. Basuras de todo tipo infestan la ciudad a raíz de la disposición judicial, denunciaron.
VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). Bolsas de basura amontonadas sobre veredas y calles se observan en esta ciudad a raíz del conflicto jurídico entre la Municipalidad, a cargo del intendente Gustavo Navarro (ANR, Añetete), y la empresa Recolectora Ecológica de Residuos SA, propiedad del jefe comunal de Luque, Carlos Echeverría (colorado cartista), por la administración del vertedero municipal.
El depósito de basuras fue concesionado en el año 2013 por el entonces intendente de Villarrica, Darío Ortellado (ANR), a la firma de Echeverría, administrada por su hermano Chistian Echeverría. El arrendamiento es por 15 años, es decir que tiene vigencia hasta el 2028.
La Municipalidad inició el proceso para recuperar el depósito de basuras porque, según denunció, es manejado en forma irregular. Cuestiona que no cuenta con plan de gestión ambiental y medidas de mitigación, tampoco realiza el tratamiento adecuado de los desechos y no cumple contrato de arrendamiento.
La causa está a cargo de la jueza en lo Civil y Comercial de Guairá, Vanessa Miño. La magistrada dispuso una medida cautelar que prohíbe la rescisión del contrato, por lo que el vertedero no puede ser utilizado por la Municipalidad, mientras la empresa Recolectora Ecológica de Residuos SA tiene abandonadas las instalaciones.
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