Los intendentes municipales que desvalijaron sus municipalidades no solo deben ser sancionados moral y políticamente por sus compueblanos y vecinos escrachándolos públicamente y nunca más depositar su confianza en ellos, sino, principalmente, tienen que sufrir los rigores de la justicia. ¿Qué impide que administradores de recursos públicos robados, malversados o dilapidados sean inmediatamente investigados y llevados a los tribunales? Sucede tal cosa porque estos sinvergüenzas forman parte de una casta privilegiada: los políticos.
Los intendentes municipales que desvalijaron sus municipalidades no solo deben ser sancionados moral y políticamente por sus compueblanos y vecinos, escrachándolos públicamente y nunca más depositar su confianza en ellos, sino, principalmente, tienen que sufrir los rigores de la justicia. Es una perogrullada afirmar e insistir en algo tan obvio, pero en nuestro país continúa siendo un exhorto necesario.
¿Qué impide que funcionarios administradores de recursos públicos robados, malversados o dilapidados en cualquier cosa ajena a su finalidad sean inmediatamente investigados o llevados a los tribunales ante la primera presunción o la primera evidencia?
Sucede tal cosa porque estos sinvergüenzas forman parte de una casta privilegiada: los políticos, que a la hora de ser puestos justificadamente en la picota, sus colegas conforman alrededor de ellos un círculo protector, bajo el lema “hoy por ti, mañana por mí”. Excepto, naturalmente, cuando se trata de adversarios, porque en este caso la máquina funciona al revés.
En efecto, en este mismo momento, denuncias que por malos manejos administrativos están presentando algunos intendentes recientemente asumidos contra los que les precedieron, parecen mucho más constituir secuelas de enfrentamientos que honestos deseos de justicia.
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