La ley actual contempla la pensión universal para adultos mayores, fijando como uno de los requisitos principales el cumplimiento de
La ley actual contempla la pensión universal para adultos mayores, fijando como uno de los requisitos principales el cumplimiento de 65 años de edad, además de no percibir jubilación o pensión y residir en el país. En el caso de personas con discapacidad severa, la misma norma prevé el acceso al beneficio, pero recién a partir de los 60 años. Para comunidades indígenas, el umbral se reduce a 55 años.
El legislador cuestionó este esquema al considerar que, en el caso de una discapacidad severa, la limitación para generar ingresos no está vinculada a la edad, sino a la propia condición física o mental de la persona. “El factor determinante para que el Estado otorgue una pensión es la imposibilidad de trabajar y sostenerse por sí mismo. En una discapacidad severa, esa imposibilidad puede existir desde la niñez o desde el momento en que se adquiere la condición”, argumentó.
En ese sentido, el proyecto plantea que las personas con discapacidad severa, certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), puedan acceder al beneficio sin ningún requisito de edad. La certificación seguirá siendo obligatoria y estará a cargo de la institución competente, que deberá constatar el grado de discapacidad conforme a los criterios técnicos establecidos.
La pensión prevista equivale al 25% del salario mínimo mensual, el mismo porcentaje que perciben los adultos mayores beneficiarios del régimen vigente. Esto representa actualmente una suma cercana a los 750.000 u 800.000 guaraníes mensuales.
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