A partir de los sonados casos ocurridos en las últimas semanas en la que estuvieron involucrados efectivos de la Policía Nacional en hechos delincuenciales, La Caja Negra hizo un seguimiento al organismo que debe monitorear las denuncias de corrupción que salpican al cuadro policial y averiguar cuáles son los resultados.
El dato revelador es que entre el 2015 y agosto de este año, a la Oficina de Asuntos Internos de la Policía se arrimaron 1.612 casos de uniformados salpicados en hecho de corrupción. Sin embargo, a raíz del escaso presupuesto que dispone la oficina y la escasez de recursos humanos para hacer seguimiento a las denuncias formuladas, solo 103 casos fueron resueltos y los policías dados de baja, mientras que 588 fueron arrestados y 180 recibieron un apercibimiento.
Ante esta situación, surgen varios interrogantes. ¿Puede una oficina que dependa de la Comandancia de la Policía Nacional, realizar un trabajo objetivo de investigación?. Asuntos internos, debe estar en manos de un civil? ¿Es exprofeso que la oficina que debe investigar los hechos de corrupción que involucra a los agentes del orden, este prácticamente sin recursos? ¿Cómo se pretende sanear a la institución, si no se fortalece al organismo que debe hacer las investigaciones?
De acuerdo a los datos recogidos por La Caja Negra, muchos de los casos no concluyen porque no hay elementos suficientes para probar los hechos. El sumario administrativo se congela hasta que la justicia ordinaria se pronuncie a través de una condena. ¿Debe investigar un policía a otro policía? Desde adentro de la institución recomiendan que no. Aducen que por presiones o por camaradería muchos casos no corren y simplemente van al archivo.
Entre las causales más comunes para la aplicación de sanciones (apercibimiento, arresto y baja), previstas en el Reglamento Disciplinario Policial se encuentran: Abandono de cargo, violencia doméstica, hechos punibles contra la propiedad (robo-hurto), estafa, extorsión, reducción, apropiación, tráfico de estupefacientes, lesión, amenaza, extravío o pérdidas de armas del Estado, homicidio doloso y culposo, coacción sexual y exposición de peligro en el tránsito terrestre, además de aquellos procesos administrativos suspendidos a la resulta del proceso penal ordinario por los hechos expuestos.
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