Ante el control biométrico de asistencia en el Congreso y la Cámara de Senadores, 27 funcionarios fueron desvinculados o presentaron renuncia al cargo entre enero, febrero y principios del mes de marzo, según documentos oficiales de la institución.
Ocho funcionarios presentaron renuncia al cargo en la Cámara Alta, de los cuales seis eran contratados y dos permanentes.
Los funcionarios percibían salarios que oscilaban entre G. 4.100.000 y G. 1.633.333. En el Congreso renunciaron ocho contratados y un funcionario permanente, con salarios entre G. 4.400.000 y G. 1.830.000.
Los renunciantes en el Senado son: Liz Araceli Marín Antúnez, Sarah Zevaco, Carlos Alejo Enriquez Benítez, Marcelo Manuel Garay Ramírez, Higinio Alejandro Rodas Servín y María Dohnalik de Benítez, todos ellos figuraban como Contratados. Así también, Mara Dacak Aguilera (asistente personal) y Mariela Céspedes Núñez (auxiliar).
Por otro lado, en el Congreso renunciaron María Gacela Torres Miranda, Víctor Enrique Candia Cohene y Juana María Brítez Almeida.
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