A más de tres meses del allanamiento efectuado por la Fiscalía a pedido de la Administración Nacional del Electricidad (ANDE) en una propiedad de Minga Guazú en persecución de criptominerías ilegales, no hay avances en la investigación, hoy a cargo de la fiscal Ruth Benítez. Habría circulado una fuerte suma de dinero en dólares para […]
A más de tres meses del allanamiento efectuado por la Fiscalía a pedido de la Administración Nacional del Electricidad (ANDE) en una propiedad de Minga Guazú en persecución de criptominerías ilegales, no hay avances en la investigación, hoy a cargo de la fiscal Ruth Benítez. Habría circulado una fuerte suma de dinero en dólares para “estancar” la causa, pese a la incautación de 213 máquinas mineradoras funcionando al momento del procedimiento.
El NIS de la factura emitida por el ente estatal se hallaba a nombre del ciudadano oriental Yueg Young Hsiu, alias “Antonio”, quien, al presentarse para su declaración indagatoria, presentó un contrato privado de comercialización a una ciudadana de nacionalidad paraguaya que, según los datos, hasta la fecha no fue localizada por los investigadores. El procedimiento se cumplió con mandato judicial el 4 de febrero último.
Una polvareda de cuestionamientos surge a partir del silencio cómplice de la agencia fiscal que debería profundizar las investigaciones. Ayer, intentamos obtener datos con la fiscal Ruth Benítez, pero gozaba de permiso particular.
La sucesión de allanamientos se produciría al solo efecto de extorsiones, principalmente a ciudadanos extranjeros, dedicados al rubro. Las carpetas son abiertas solamente como sustracción de energía eléctrica para simplificar el asunto, según abogados conocedores de la situación. En el caso particular, un abogado cuya identidad no socializaron habría pedido al tal “Antonio” 200.000 dólares para silenciar el caso.
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