La fiscala adjunta Alba Rocío Cantero Vera prestó juramento este miércoles 18 de noviembre ante la Cámara de Senadores como nueva fiscal general del Estado, tras recibir el respaldo de 35 legisladores. La nueva titular del Ministerio Público asumió formalmente el cargo para completar el periodo constitucional 2023-2028, en reemplazo de Emiliano Rolón Fernández, quien presentó su renuncia ante la presión de un juicio político impulsado desde la Cámara de Diputados.
La designación de Cantero recibió el acuerdo de la Cámara Alta con 35 votos a favor, formalizando así su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado hasta la culminación del mandato iniciado por su antecesor en marzo de 2023. El juramento se realizó en el Congreso Nacional, en medio de la crisis política e institucional provocada por el caso Ueno Bank, que también derivó en la destitución y prisión preventiva del expresidente Santiago Peña.
Previamente, Cantero había solicitado al presidente de la República, Pedro Alliana, impulsar los trámites correspondientes ante el Senado para obtener el acuerdo constitucional necesario. Su pedido se fundamentó en los artículos 269 y 271 de la Constitución Nacional, así como en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, relacionado con los mecanismos de reemplazo de la máxima autoridad de la institución.
La fiscala adjunta había quedado inicialmente encargada del despacho de la Fiscalía General mediante la Resolución F.G.E. N.º 4665, firmada por Rolón antes de abandonar sus funciones. La disposición entró en vigencia el 18 de noviembre, mientras se desarrollaban los procedimientos para formalizar su designación ante la Cámara Alta.
La salida de Rolón se produjo después de que 34 diputados presentaran un libelo acusatorio por supuesto mal desempeño de funciones y presunta comisión de hechos punibles en el ejercicio del cargo. La iniciativa recibió el acompañamiento de las principales bancadas coloradas, tanto oficialistas como disidentes, además de sectores de la oposición, que reunieron los votos necesarios para avanzar con el juicio político.
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