La Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa) se pronunció en contra del proyecto de ley promovido por el Indert, que crea el “Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT)” como dependencia fija del ente.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) trabajó durante el actual Gobierno en el censo agrícola denominado SIRT, que consistió en la recopilación de datos de los lotes de colonias del ente agrario (nombre de ocupantes, si son sujetos de la reforma agraria, si está adjudicado o titulado, etc), un trabajo sumamente cuestionado ya que con la información obtenida, aparentemente se cometieron atropellos a ocupantes. La administración del instituto, presidida por Justo Cárdenas, pretende que el SIRT sea una dependencia permanente de la institución y fue así que se...
Al respecto, la Asociación de Agricultores de alto Paraná envió a este diario un comunicado a través del cual expresa su rechazo a la mencionada iniciativa. El gremio también está en contra del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de la Tierra, presentado también por el citado legislador. “El SIRT fue creado en octubre de 2014 a través de una resolución administrativa como un equipo técnico de apoyo al Indert para acelerar la regularización de tierras, con el compromiso de al menos entregar 6.000 títulos y 30.000 adjudicaciones al término de la administración de Horacio Cartes;...
Tras citar varios casos irregulares en torno al SIRT, la Asagrapa hace un llamado al Congreso para rechazar los dos proyectos de ley pretendidos por Indert, debido a que los considera antijurídicos e inconstitucionales. Así también, el gremio pide que se disuelva el SIRT y se fortalezcan los estamentos del ente agrario, en donde hay profesionales capacitados en el ámbito rural.
La mencionada asociación también presentó recientemente notas a la Cámara de Senadores y la de Diputados, para hacer hincapié en su pedido. En conversación con este diario, el diputado Celso Troche informó ayer que aún no se trataron los proyectos de ley que son cuestionados. Mencionó que la idea era conversar con los sectores que serían eventualmente afectados pero como en los últimos meses no hubo tiempo, el tema probablemente pasará a manos del próximo gobierno.
Leer la nota completa en Diario ABC
