El senador Martín Arévalo y el director de Aduanas, Julio Fernández, comparecieron ayer ante la Comisión Especial de Seguimiento al Combate del Contrabando que investiga las denuncias sobre supuesto tráfico de influencias del legislador. Ambos se acusaron mutuamente de liderar esquemas mafiosos.
Arévalo fue el primero en intervenir, acusando a Fernández de ser responsable legal del robo de contenedores con una carga valorada en US$ 3 millones del depósito privado Gical alquilado por Aduanas.
“Esta es una rosca mafiosa, que se puso de acuerdo para asaltarle al Estado”, sostuvo el legislador, que apuntó como principales elementos de sospecha contra su denunciante, el hecho de que la carga fue robada sin resistencia, y que Aduanas alquiló el depósito por G. 2.019.597.648 por dos años, pero sin contratar ningún seguro contra robos.
Arévalo también recordó que hay contradicciones sobre la venta de la parte de la carga que no fue robada a la empresa Emeku SA, del dirigente colorado Denis Vera, y que además presuntamente está ligado a la prófuga Dalia López, vinculada a otras cargas de contrabando y el caso de falsificación de documentos de Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaucho”.
Fernández, por su parte, afirmó que Arévalo forma parte de lo que denominan el “mecanismo paraguayo” de “asociación criminal” para el tráfico de electrónicos de contrabando.
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