Según se desprende de expresiones de dirigentes empresariales de Ciudad del Este, los contribuyentes honestos están dispuestos a seguir cumpliendo con su deber impositivo, pero en contrapartida exigen que los delincuentes de guante blanco sean perseguidos con todo el rigor de la ley. Si el Estado quiere aumentar sus ingresos, antes debe depurar sus filas. Es inmoral que trate de elevar sus recaudaciones aumentando la carga tributaria que soportan las personas honestas, mientras permite que sus propios agentes se confabulen con los facinerosos para defraudarlo cotidianamente esquilmando el Tesoro, sin consecuencias para los ladrones públicos. La cuestión sube de punto cuando se pretende afectar aún más a los contribuyentes de siempre para abonar los sueldos y las remuneraciones adicionales de decenas de miles de sanguijuelas de la administración estatal. Por de pronto, es plausible que la administración tributaria haya anunciado que postergará todo cambio relativo al Impuesto a la Renta Personal y, sobre todo, que el Presidente de la República haya escrito en la red social que “IRP no más impuestos” y que “la prioridad es reducir evasión y fortalecer la economía para todos los paraguayos”.
“No queremos que se nos regale nada; queremos pagar impuestos”, expresó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ciudad del Este (Fedecámaras), Juan Santamaría, dirigiéndose a los senadores de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, tras criticar duramente a los funcionarios aduaneros corruptos que toleran el contrabando masivo. Este delito tan extendido, lo mismo que el de la evasión impositiva, priva de recursos al erario y perjudica a los empresarios honestos, hasta el punto de que puede inducirlos a cometer el mismo hecho punible para no sucumbir ante la...
Si el Estado quiere aumentar sus ingresos, antes debe depurar sus filas. Es inmoral que trate de elevar sus recaudaciones aumentando la carga tributaria que soportan las personas honestas, mientras permite que sus propios agentes se confabulen con los facinerosos para defraudarlo cotidianamente esquilmando el Tesoro, sin consecuencias para los ladrones públicos. La cuestión sube de punto cuando se pretende afectar aún más a los contribuyentes de siempre para abonar los sueldos y las remuneraciones adicionales de decenas de miles de sanguijuelas de la administración estatal.
En estas condiciones, ¿qué autoridad moral tendrían, por ejemplo, los parlamentarios para aumentar la presión fiscal si en el Palacio Legislativo “trabajan” más de 3.000 funcionarios y contratados, incluidos muchos parientes cercanos que fungen de “asesores”? Es irritante saber que, el año pasado, el 73% de la recaudación impositiva se haya destinado solo al pago de salarios, sin incluir otros gastos de los “servicios de personal”. De hecho, quienes pagan impuestos saben que no lo hacen tanto para que se construyan y equipen rutas, hospitales o centros educativos, sino para que sea atendida...
Es cierto que la carga tributaria del 13% es relativamente baja, pero la contraprestación estatal es despreciable, y no solo porque abunda el personal superfluo, sino también porque la corrupción rampante hace que las contrataciones públicas de bienes, obras y servicios tengan grandes sobrecostos. Porque si la plata no alcanza, es también porque una buena parte de lo poco que sobra para las inversiones va a parar en las faltriqueras de los jerarcas y de los funcionarios de las entidades contratantes.
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